Morena criminaliza la burla: seis años de cárcel por hacer memes de políticos

La propuesta del diputado morenista Armando Corona Arvizu de castigar con hasta seis años de cárcel la creación de memes y stickers representa un ataque directo a la libertad de expresión en México, evidenciando una preocupante tendencia autoritaria dentro del partido gobernante que busca blindarse contra la crítica ciudadana.

Una ley que protege al poder, no al ciudadano

La llamada "Ley Antistickers" no es casualidad en su redacción. El hecho de que las penas se agraven específicamente cuando la víctima sea "servidor público en ejercicio de sus funciones" delata las verdaderas intenciones de esta iniciativa. Mientras Corona Arvizu argumenta proteger la dignidad ciudadana, en realidad construye un mecanismo legal para silenciar la sátira política y el escrutinio público hacia los funcionarios.

La propuesta establece sanciones de tres a seis años de prisión y multas de hasta 600 días de salario mínimo, que pueden incrementarse a la mitad cuando se difundan en redes sociales o generen "impacto comprobable". Esta redacción ambigua convierte prácticamente cualquier meme viral en un delito federal, otorgando discrecionalidad peligrosa a las autoridades para determinar qué constituye "ridiculización" o "daño a la reputación".

La ironía del legislador viral

La credibilidad de esta propuesta se ve aún más comprometida cuando consideramos que su autor es precisamente Armando Corona Arvizu, el mismo diputado que se hizo viral por intentar tomarse una selfie con la presidenta Sheinbaum durante la ceremonia de investidura, generando innumerables memes en redes sociales[1]. La paradoja es evidente: quien fue objeto de burlas en internet ahora pretende criminalizar ese mismo fenómeno.

Corona Arvizu, hijo del fallecido político priista Armando Corona Rivera, ha presentado ocho iniciativas que han sido desechadas en su totalidad[1]. Su historial legislativo mediocre contrasta con la ambición autoritaria de su última propuesta, sugiriendo más bien una venganza personal disfrazada de política pública.

Censura disfrazada de protección

La iniciativa utiliza el discurso de combatir el "ciberacoso" y los "deepfakes" para justificar una censura generalizada[2]. Sin embargo, México ya cuenta con marcos legales suficientes para perseguir delitos como difamación, suplantación de identidad y acoso. Esta nueva ley no busca llenar vacíos jurídicos, sino crear herramientas de intimidación contra la crítica política.

El artículo propuesto criminaliza no solo la creación, sino también la difusión de contenido que "ridiculice" a funcionarios públicos[3]. En un país donde la sátira política ha sido históricamente una válvula de escape social y una forma legítima de crítica, esta medida representa un retroceso democrático alarmante.

Un patrón autoritario preocupante

Esta iniciativa no es un caso aislado, sino parte de un patrón más amplio dentro de Morena por restringir espacios de crítica y debate público. La protección especial que se otorga a los servidores públicos en esta ley evidencia una mentalidad que considera a los funcionarios como una clase privilegiada, inmune al escrutinio ciudadano.

La tecnología que Corona Arvizu pretende regular ha democratizado la crítica política, permitiendo que ciudadanos comunes expresen su descontento de manera creativa y accesible. Criminalizar los memes es criminalizar la voz del pueblo, especialmente de las generaciones más jóvenes que han encontrado en estas herramientas digitales su forma natural de participación política.

La sociedad mexicana debe rechazar categóricamente esta propuesta que, bajo el pretexto de proteger la dignidad, busca silenciar la disidencia y consolidar un régimen donde la crítica al poder sea un delito federal. La libertad de expresión no se defiende con cárceles, sino con más democracia y transparencia.