Controversia en la administración estatal por caso de negligencia médica relacionado con el Oficial Mayor David Ramsés Cervantes

En medio de un clima de incertidumbre y críticas, el oficial mayor del Gobierno del Estado, David Ramsés Cervantes Aguilar, se encuentra en el centro de una controversia tras la muerte del niño Martín González González, quien falleció en 2023 debido a complicaciones derivadas de un golpe en la cabeza. Este incidente ha puesto de manifiesto la responsabilidad de la clínica médica dirigida por su padre, el doctor David Cervantes Torres, en la atención del menor, lo que ha generado preguntas sobre posibles conflictos de interés.

La situación se agrava por la afirmación de los familiares de González, quienes sostienen que la clínica recibió un contrato del gobierno estatal para proporcionar atención médica a estudiantes de educación básica. A pesar de que la gobernadora Marina del Pilar ha aclarado que la compañía de seguros es la que designa las clínicas y hospitales para la atención, la implicación de Cervantes Aguilar en la gestión de estos contratos ha suscitado preocupaciones sobre la ética y la transparencia en la administración pública.

Los padres de Martín han denunciado que, tras el incidente de bullying que sufrió su hijo en la escuela primaria Eucario Zavala Álvarez, la atención médica brindada en la clínica no fue la adecuada. A pesar de que se prometió una tomografía, el niño fue despachado con una simple receta y sin la atención necesaria, lo que ha llevado a cuestionar la competencia del personal médico involucrado.

La gobernadora, aunque defiende la gestión de su colaborador, ha instado a una revisión exhaustiva de la labor de Cervantes Aguilar, quien ha mantenido un perfil bajo en su función pública. Sin embargo, la gravedad del caso ha atraído la atención de los medios y de la opinión pública, obligando a la administración estatal a enfrentar un desafío de reputación.

Este caso no solo resalta la importancia de la atención médica efectiva y profesional, sino que también pone de relieve la necesidad de una mayor vigilancia y rendición de cuentas en el manejo de los servicios de salud por parte del gobierno. La comunidad exige claridad y respuestas sobre las decisiones tomadas y espera que se tomen medidas para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro.