ESCÁNDALO EN BAJA CALIFORNIA: Marina del Pilar Ávila en el epicentro de un huracán político y judicial

Mexicali, Baja California — Enero 26, 2026.

Lo que comenzó como una serie de filtraciones y versiones al interior de Morena y círculos políticos del estado, ha escalado a uno de los episodios más delicados del actual ciclo político nacional. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta una creciente presión política y mediática luego de que se confirmara públicamente que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación contra su exesposo, Carlos Torres Torres, por presuntos vínculos con actividades de delincuencia organizada.

Diversas fuentes políticas —algunas al interior de Morena— han señalado desde finales de 2025 que el desgaste de la imagen de la mandataria estatal ya no es un problema únicamente local, sino un riesgo nacional para el partido en el poder. A este contexto se suma la pérdida de credibilidad institucional, los pobres resultados en materia de seguridad y la percepción de tolerancia hacia redes de corrupción y tráfico de influencias.

De acuerdo con información revelada en medios nacionales y regionales, la FGR investiga a Carlos Torres por posibles delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y extorsión, presuntamente ligados a una facción del Cártel de Sinaloa que opera en la región fronteriza. Versiones periodísticas señalan que existirían transferencias irregulares, uso de empresas fachada y presuntos sobornos para permitir operaciones criminales en Baja California.

El factor internacional ha agravado el escenario. En 2025, autoridades de Estados Unidos retiraron visas a varios actores políticos mexicanos, entre ellos Carlos Torres y, de manera indirecta, a la propia gobernadora. Este hecho fue interpretado como una señal de desconfianza por parte del gobierno estadounidense y encendió alertas en la relación bilateral, particularmente en una entidad fronteriza estratégica.

Pese a la gravedad del contexto, Marina del Pilar ha declarado públicamente que no dejará el cargo y que la investigación no está dirigida en su contra. Sin embargo, fuentes cercanas a la dirigencia nacional de Morena señalan que el partido ya evalúa escenarios de contención política rumbo a las elecciones de 2027, ante el riesgo de perder la gubernatura de Baja California y posiciones clave en el Congreso.

Entre las salidas que se analizan para la mandataria se encuentran una eventual reubicación en el gobierno federal, una embajada o su inclusión en listas plurinominales para obtener fuero constitucional. Ninguna de estas opciones ha sido confirmada oficialmente, pero reflejan el nerviosismo interno ante la posibilidad de que el escándalo continúe escalando.

En caso de una salida anticipada, el nombre que más suena para asumir el cargo de manera interina es el del actual secretario de Gobierno, Alfredo Álvarez, quien en meses recientes ha incrementado notablemente su presencia pública y en redes sociales, lo que analistas interpretan como una estrategia de posicionamiento previo.

El caso de Baja California no es aislado. En días recientes, el alcalde morenista de Puerto Peñasco, Sonora, Óscar Eduardo Castro Castro, solicitó licencia a su cargo bajo el argumento de “motivos de salud”, luego de que se confirmara que Estados Unidos le retiró la visa. Para observadores políticos, este patrón refuerza la hipótesis de que la presión internacional se ha convertido en un factor determinante para la reconfiguración del poder local.

Mientras la Fiscalía General de la República mantiene bajo reserva los avances de la investigación y el gobierno federal guarda silencio, el futuro político de Marina del Pilar Ávila Olmeda permanece en incertidumbre. Lo que sí es claro es que Morena no quiere llegar al proceso electoral de 2027 con un lastre político de esta magnitud en una de las entidades más estratégicas del país.

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