Cuando la emergencia se vuelve negocio y la técnica se arrodilla ante el poder

Opinión | Interés Público

En Tijuana, el agua ya no solo fluye por tuberías rotas: fluye por las grietas de una institución capturada. Las denuncias del gremio de ingenieros y contratistas —repetidas, coincidentes y cada vez más detalladas— describen un escenario que debería estremecer a cualquier autoridad responsable: la normalización de la extorsión desde el corazón técnico del organismo operador.

En el centro del señalamiento aparece José Díaz Verduzco, subdirector técnico de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). No como un funcionario más, sino —según acusaciones públicas difundidas en redes sociales— como operador interno de un sistema que habría convertido las obras de emergencia en la caja chica del poder.

La emergencia como atajo

Las emergencias existen para proteger a la ciudad. No para enriquecer redes. Sin embargo, lo que el gremio describe es un patrón perverso: adjudicaciones exprés, criterios opacos, trazabilidad mínima y siempre los mismos beneficiarios. Cuando la urgencia sustituye a la ley, la corrupción encuentra su carril preferente.

El episodio de mayo y la narrativa del “intocable”

Publicaciones del sector señalan que en mayo, tras la remoción de la visa estadounidense de Carlos Torres Torres, el subdirector técnico solicitó su separación del cargo alegando una afección cardíaca. Semanas después —afirman los denunciantes— regresó asegurando que ninguna contraloría ni mecanismo de fiscalización lo tocaría.

Si esto es cierto —y eso es precisamente lo que debe investigarse—, la frase es más grave que el acto. Porque cuando un funcionario se asume intocable, la institución ya está derrotada.

El 20% que lo explica todo

Las acusaciones son brutales en su claridad: un “cobro de piso” del 20% sobre los contratos, especialmente en emergencias, como condición para autorizar trabajos, liberar dictámenes o permanecer dentro del circuito de contratistas. No hablamos de rumores sueltos; hablamos de un mismo número, una misma mecánica, un mismo relato repetido por distintos actores.

En esa narrativa aparece también Luis Torres Torres como influencia externa y el subdirector técnico como ejecutor interno. La técnica sometida a la lealtad. La obra pública secuestrada por intermediarios.

El silencio que acusa

La respuesta institucional ha sido el silencio. Y el silencio, cuando las acusaciones son tan específicas, no es prudencia: es complicidad percibida. Cada día sin auditoría independiente, cada contrato de emergencia sin explicación pública, alimenta la sospecha de que el sistema funciona exactamente como el gremio lo denuncia.

Presunción de inocencia, sí. Impunidad, no.

No hay sentencia ni sanción firme. Rige la presunción de inocencia. Pero la presunción de inocencia no es patente de corso para ignorar un clamor sectorial que apunta a extorsión, captura institucional y abuso de poder en una infraestructura crítica.

El agua es vida. No es botín.

Si las emergencias se usan como atajo para cobrar, la ciudad paga dos veces: con recursos públicos y con confianza rota.

Lo mínimo exigible

• Auditoría externa inmediata (técnica y financiera).

• Revisión pública de todas las obras de emergencia.

• Transparencia total de criterios y adjudicaciones.

• Separación temporal del cargo mientras se investiga.

Si no se hace, el mensaje será inequívoco: en Tijuana, la corrupción corre con presión… y nadie cierra la válvula.