Propuesta de diputados de Baja Califonia de MORENA: Juzgar a adolescentes como adultos en delitos graves genera debate en Baja California

Tijuana, Baja California– La reciente propuesta de los diputados de MORENA, Montse Murillo y Juan Manuel Molina, de permitir que adolescentes de 12 a 17 años que cometan delitos graves con dolo sean juzgados como adultos, ha desatado un intenso debate en la sociedad tijuanense y más allá.

La medida, que se presenta como excepcional, busca equilibrar el derecho de las víctimas y de la sociedad a una justicia efectiva con el respeto a los derechos humanos de los menores. Según los proponentes, la reforma considerará la madurez, el desarrollo integral y la posibilidad de reintegración social de los adolescentes involucrados en actos delictivos.

Murillo y Molina argumentan que esta iniciativa es necesaria para enviar un mensaje claro sobre las consecuencias legales de los delitos graves, destacando la importancia de restablecer la confianza de la sociedad en el sistema de justicia. "Es fundamental que los jóvenes comprendan que sus acciones tienen repercusiones, y que la justicia debe ser efectiva para las víctimas", señalaron los legisladores en una conferencia de prensa.

Sin embargo, la propuesta ha generado preocupaciones entre expertos en derechos humanos y defensores de la justicia juvenil. Críticos advierten que juzgar a menores como adultos podría tener consecuencias perjudiciales para su desarrollo y rehabilitación, además de aumentar la estigmatización de los jóvenes en conflicto con la ley.

"Es crucial encontrar un equilibrio que no solo proteja a las víctimas, sino que también brinde a los menores la oportunidad de reformarse y reintegrarse a la sociedad", afirmó un experto en derecho penal que prefirió permanecer en el anonimato.

De ser aprobada por la XXV Legislatura de Baja California, la iniciativa será enviada al Congreso de la Unión para su análisis a nivel nacional. Este proceso será determinante para definir cómo se abordarán los delitos cometidos por adolescentes en el país y si se establecerán políticas que realmente promuevan tanto la justicia como la rehabilitación.

El debate sobre la propuesta continúa, y la comunidad espera con atención las decisiones que se tomen en los próximos días, confiando en que se priorice el bienestar de los jóvenes y la seguridad de la sociedad.